PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2025: EL GOLPE DE GRACIA PARA LOS BOSQUES NATIVOS
Carlos Merenson[1]
El Papa Francisco, en su Carta Encíclica Laudato Si', señala que, aunque algunos países cuentan con una legislación clara para la protección de los bosques, siguen siendo testigos de frecuentes violaciones a esas leyes. Un claro ejemplo es Argentina, que, a pesar de tener una legislación avanzada en la materia, sigue sufriendo tales transgresiones, tanto por parte de personas físicas o jurídicas como de los gobiernos provinciales y nacional.
La degradación y pérdida de las masas forestales nativas han sido una constante en los últimos dos siglos, durante los cuales hemos perdido más del 70% de la riqueza forestal original. Esto nos sitúa entre los países con una cubierta forestal reducida, lo que impide que los bosques nativos remanentes puedan garantizar la sostenibilidad de los procesos fundamentales para la supervivencia y el desarrollo. Como resultado, enfrentaremos cada vez más graves consecuencias sociales, económicas y ecológicas, agravadas por las condiciones de aridez y semiaridez que predominan en el 75% del territorio continental del país.
Entre los múltiples problemas interrelacionados que ya estamos enfrentando debido a la deforestación, destacan la insuficiente protección de las cuencas hidrográficas, el aumento de aluviones y torrentes, la disminución del potencial hidroenergético, la escasez de agua, la degradación de suelos por pérdida de fertilidad y erosión, la pérdida de biodiversidad, la creciente escasez de productos madereros y no madereros, la reducción del atractivo turístico, el aumento de la pobreza en zonas rurales y los vacíos territoriales causados por la migración forzada.
En este contexto, el gobierno nacional pretende convertir la Ley 26.331 en letra muerta al asignar en el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2025 solo un 2,5% de lo estipulado para el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos. Aunque la ley técnicamente sigue vigente, sin el respaldo financiero del fondo se vuelve inaplicable.
Podrán debatirse las razones por las que, aun con leyes de protección, no hemos logrado frenar la deforestación, pero lo indiscutible es que la falta de un marco normativo adecuado sería el golpe de gracia para los bosques nativos remanentes.
Fiel a su ideología, Milei niega o minimiza las alteraciones significativas en el ambiente global y, de aceptarlas, cuestiona su origen humano. Defiende que las funciones del Estado deben ser asumidas por individuos y empresas privadas mediante contratos voluntarios, proponiendo incluso la privatización de bienes comunes como solución a los conflictos ambientales. Según su visión, cualquier forma de gobierno es coercitiva, ya que obliga a las personas a pagar impuestos y cumplir leyes como la de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. Desde esta perspectiva, los bosques se ven como mercancías sujetas a explotación con fines de lucro. Esta lógica prioriza la acumulación de capital sobre la sostenibilidad ecológica, lo que lleva a la degradación y eventual desaparición de nuestro patrimonio forestal.
Bajo la bandera de la "libertad" y el no intervencionismo estatal, se renuncia a la regulación ambiental mientras la degradación avanza impulsada por intereses privados de corto plazo.
Es evidente que la legislación forestal debe ir acompañada de un replanteo económico que integre los valores socioambientales esenciales para un desarrollo sostenible. Revertir la degradación forestal requiere un cambio de paradigma en el que progreso social, crecimiento económico y protección ambiental vayan de la mano.
Si el avance de la frontera agrícola y la explotación insostenible de los bosques han sido las principales causas de la deforestación, antes de desmantelar los regímenes legales de protección de los bosques nativos debemos preguntarnos si es sostenible el modelo extractivista basado en monocultivos para exportación.
La agricultura ecológica, el ordenamiento territorial y el uso sostenible de los recursos renovables, junto con estrategias de restauración y protección in situ, son medidas clave para detener la deforestación y todas estas acciones están en sintonía con los objetivos de la Ley 26.331 que se pretende esterilizar.
Si no revertimos las tendencias actuales, nuestras masas forestales nativas desaparecerán en pocas décadas. No podemos esperar más: debemos construir un modelo forestal sostenible que valore los bosques más allá de su rentabilidad económica.
Nuestros bosques nativos son un recurso vital para las generaciones presentes y futuras. Detener la deforestación y revertir sus efectos es una tarea histórica destinada a evitar que en nuestro país la ecología se degrade, la economía se debilite y la sociedad se desintegre.
Parafraseando al Dr. Antonio Andaluz, podemos afirmar que los suelos erosionados, los ecosistemas desertificados, las especies extintas y la pérdida de diversidad genética no son motivo de orgullo alguno. Mucho menos lo son la pobreza creciente, la desnutrición, las migraciones forzadas y la pérdida de identidad cultural. La sociedad, y especialmente la dirigencia política, debe entender que los bosques, junto con los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas, constituyen el pilar de la heredad natural de un país. El destino de este patrimonio está intrínsecamente ligado al destino del país, al punto de que, si se pierde, la patria pierde su esencia y se encamina a la decadencia.
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