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LA BARBARIE ECOSOCIAL COMO TESIS, EL PENSAMIENTO NACIONAL COMO ANTÍTESIS

 

La Quinta República Neoliberal en Argentina: la barbarie como tesis, el pensamiento nacional como antítesis

 


 

Carlos Merenson[*]



Resumen

Este documento presenta un análisis crítico del neoliberalismo en Argentina, centrándose en la figura de Javier Milei y su propuesta de un neoliberalismo extremo encarnado en el anarcocapitalista. Se presentan los argumentos desplegados por Milei para mostrarse como alternativa política. Al radicalizar los principios neoliberales y pretender eliminar el Estado, se muestra como las propuestas de Milei representan una amenaza para la justicia social y la sostenibilidad ecológica, al punto de conducir a un estado de "barbarie ecosocial". Se propone como alternativa profundizar en el Pensamiento Nacional, con la inclusión de la dimensión ecológica a partir de lo cual se explora el legado ecológico de Perón, que ya advertía sobre los peligros del agotamiento de los recursos y la insostenibilidad ambiental. El texto propone un camino alternativo basado en la justicia social, la independencia económica, la soberanía política y la sostenibilidad ambiental, impulsando un nuevo pacto social que priorice la fraternidad, el cuidado de la casa común y la justicia social. Se analiza críticamente al neodesarrollismo, cuestionando su enfoque productivista y la subestimación de los límites naturales y se destaca la importancia de la Ecología Política para ayudar a la transición hacia una sociabilidad convivencial y un desarrollo verdaderamente sostenible. Finalmente se formula un llamado a la acción que busca movilizar a la sociedad para construir un futuro diferente, alejado de la "barbarie ecosocial" que se avecina.

Entre los principales temas e ideas contenidas en este documento se pueden mencionar:

1. El neoliberalismo en Argentina: Se repasa el historial de fracasos de gobiernos neoliberales en Argentina desde 1976, contextualizando el ascenso de Milei y su anarcocapitalismo. Se establece una distinción entre el neoliberalismo tradicional, que aboga por un Estado reducido, y el anarcocapitalismo que busca su total desaparición.

2. Crítica a Milei y su modelo anarcocapitalista: Se cuestiona la viabilidad de un modelo que prescinde del Estado para la provisión de seguridad, justicia e infraestructura, basándose en empresas privadas o acuerdos voluntarios. Se critica la lucha de Milei contra la "casta", argumentando que su enfoque simplifica la complejidad de la política y no ofrece soluciones reales a los problemas del país. Se denuncia la incompatibilidad del modelo de Milei con la justicia social y la sostenibilidad ecológica, señalando su negacionismo ambiental y sus efectos destructivos.

3. El Pensamiento Nacional como alternativa: Se presenta el Pensamiento Nacional como la antítesis de la "sinrazón neoliberal-libertaria", destacando su trayectoria histórica en la búsqueda de un proyecto autónomo para Argentina. Se enfatiza la importancia de defender el patrimonio natural del país frente a la "economía de rapiña" impuesta por los países centrales. Se citan figuras clave del Pensamiento Nacional como el General Mosconi, Arturo Jauretche y el General Perón, quienes abogaron por la defensa y el uso racional de los recursos naturales para el bienestar del pueblo argentino.

4. Limitaciones del neodesarrollismo y la importancia de la Ecología Política: Se analiza la evolución del desarrollismo, desde el clásico al neodesarrollismo, señalando sus limitaciones en el contexto actual, particularmente la transformación en "crecimientismo" y la ignorancia de la contradicción entre capital y naturaleza. Se critican cuatro axiomas del neodesarrollismo que subvaloran la dimensión ambiental: la fe ciega en la tecnología, la creencia en los recursos naturales como palanca para el desarrollo, la confianza en la capacidad del Estado y la ley para resolver los problemas ambientales y la idea de una economía libre de límites biofísicos. Se propone la Ecología Política como punto de referencia para una transición hacia una organización socioeconómica radicalmente diferente, basada en una "razón ecosocial" que rompa con las falacias desarrollistas y alimente nuevas teorías de la sociedad.

5. La síntesis ecosocial como camino viable: Se plantea la síntesis ecosocial como respuesta a las crisis actuales en Argentina, buscando un equilibrio entre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad. Se propone una transición justa hacia una economía menos dependiente del extractivismo, con políticas de soberanía alimentaria, fomento de industrias limpias y adopción de energías renovables. Se destaca la importancia de superar los obstáculos que presentarán los sectores beneficiados del modelo neoliberal, mediante la movilización social, las alianzas políticas y un cambio cultural.

6. Urgente llamado a la acción: Se concluye con un llamado a la acción para construir un movimiento que promueva un nuevo pacto social basado en la fraternidad, la justicia social y el cuidado de la casa común, para garantizar la supervivencia y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.


 

Milei: Neoliberalismo extremo en Argentina

El neoliberalismo no es nuevo en la historia de Argentina. Desde 1976, cinco gobiernos han adoptado políticas basadas en el libre mercado, la reducción del Estado, la apertura comercial y la desregulación. Cuatro de estos gobiernos fracasaron,[2] y hoy presenciamos un quinto intento bajo Javier Milei y su anarcocapitalismo, una versión extrema del neoliberalismo, caracterizada por llevar al máximo los principios fundamentales de desregulación, privatización y minimización del Estado. Así, por ejemplo, a diferencia del neoliberalismo, que reconoce la necesidad de un Estado limitado para garantizar ciertos derechos y servicios básicos, el anarcocapitalismo busca eliminar completamente la intervención estatal, confiando exclusivamente en el mercado y en las relaciones contractuales entre individuos como única forma legítima de organización social.

Mientras economistas como Milton Friedman y Friedrich Hayek proponían reducir el Estado, teóricos como Murray Rothbard y David Friedman abogan por su eliminación, postura que Milei ha adoptado explícitamente. En una entrevista con The Free Press, afirmó: "Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que lo destruye desde adentro".

El anarcocapitalismo lleva la idea de minimizar la intervención estatal al extremo al abogar por la abolición total del Estado, argumentando que todas las funciones del gobierno (seguridad, justicia, infraestructura, etc.) deben ser privatizadas y gestionadas por actores del mercado. En lugar de un Estado que establezca regulaciones básicas y derechos mínimos, como en el neoliberalismo, el anarcocapitalismo confía plenamente en que las interacciones privadas entre individuos y empresas, en un mercado completamente libre, resolverán cualquier necesidad social o económica.

Mientras que el neoliberalismo impulsa la privatización de muchas industrias y servicios estatales, como la educación, la salud o los recursos naturales, el anarcocapitalismo extiende esta privatización a todos los aspectos de la vida pública. No solo busca privatizar sectores clave, sino también la justicia, la seguridad, la moneda, y hasta la emisión de leyes, dejando todos estos ámbitos bajo el control de empresas privadas o acuerdos voluntarios entre individuos.

Por ejemplo, en un sistema anarcocapitalista, no existiría un sistema judicial o de policía financiado por el Estado; en su lugar, cada individuo contrataría servicios de seguridad privados y podría resolver disputas mediante tribunales privados.

El neoliberalismo, aunque busca reducir el tamaño y la intervención del Estado en la economía, reconoce en cierta medida la necesidad de instituciones estatales para garantizar la propiedad privada y los contratos. El anarcocapitalismo, en cambio, considera que el Estado es inherentemente coercitivo y opresivo, por lo que su existencia es innecesaria y perjudicial. Aboga por su eliminación total, ya que sostiene que el libre mercado es capaz de autoorganizarse sin ninguna necesidad de intervención pública. Esta visión extremista surge de una interpretación radical de la libertad individual, donde cualquier forma de imposición estatal (impuestos, regulaciones, leyes) es vista como una violación de los derechos de propiedad.

El neoliberalismo generalmente minimiza las políticas redistributivas, favoreciendo que las oportunidades económicas estén determinadas por el mercado. Sin embargo, en la práctica, muchos gobiernos neoliberales mantienen programas mínimos de bienestar social. El anarcocapitalismo, al prescindir del Estado, elimina cualquier tipo de redistribución de la riqueza, basándose en la idea de que cada individuo debe ser responsable de su propio bienestar y que cualquier redistribución es una forma de robo. Esto lo lleva a un extremo radical donde no existe la noción de derechos sociales garantizados, ya que todas las interacciones son vistas como contratos voluntarios entre individuos.

En el neoliberalismo, la propiedad privada es central, pero suele existir un marco regulatorio que impide abusos extremos o monopolios que puedan surgir en el mercado. El anarcocapitalismo propone una defensa aún más rígida de la propiedad privada, sin límites establecidos por el Estado, lo que puede permitir la creación de monopolios o conglomerados sin ningún tipo de control regulatorio. La idea es que, en un sistema de mercado completamente libre, cualquier intento de regular o redistribuir la propiedad por parte de un Estado sería ilegítimo.

Mientras que en el neoliberalismo se debate la provisión de ciertos bienes públicos (como defensa nacional, infraestructura básica, etc.), el anarcocapitalismo rechaza completamente la existencia de bienes públicos. Bajo este sistema, incluso servicios como carreteras, parques o la gestión del agua serían privatizados y estarían sujetos a las reglas del mercado. Esto representa un contraste con el neoliberalismo, que al menos permite la existencia de bienes públicos limitados, reconociendo que algunos servicios son difíciles de proveer exclusivamente a través del mercado.

En un sistema neoliberal, a pesar de sus deficiencias, suelen existir instituciones que median en los conflictos sociales y ambientales. El anarcocapitalismo, al no contemplar la existencia de un Estado, tiende a subestimar o ignorar la importancia de estos conflictos, confiando ciegamente en que los acuerdos privados resolverán cualquier problema, incluso en cuestiones de justicia social o protección ambiental. Esto podría derivar en mayores niveles de desigualdad y explotación, ya que las fuerzas más poderosas en el mercado podrían dominar sin restricciones.

Desde el siglo XVIII, la metáfora de la “mano invisible” acuñada por Adam Smith en su Teoría de los Sentimientos Morales explica la confianza en el mercado para guiar la toma de decisiones, contra la planificación centralizada. Sin embargo, la premisa que nos ocupa aquí no es el mercado como uno de los mecanismos para la asignación de recursos, sino más bien su consideración como herramienta que deriva en un “modelo económico único”, aplicable a toda circunstancia. Tal es el caso de Milei cuya postura va más allá de la confianza: exige de manera intransigente la creencia en que el mercado es la respuesta universal, el "Modelo Económico Único" aplicable a cualquier circunstancia y lugar. Así, la economía se convierte en un fundamentalismo, del que Milei y la escuela austriaca, en la que se inspira, son claros exponentes.

Para Milei, el mercado es el escenario social perfecto siempre que esté libre de regulaciones o interferencias estatales y funcione sobre la base de acuerdos voluntarios entre individuos, orientados por intereses particulares y sin atender a objetivos colectivos. De esta manera, las relaciones sociales se reducen a relaciones de mercado, y la sociedad deja de ser una categoría con características propias para transformarse en un agregado de individuos, cada uno persiguiendo sus propios fines. Los derechos personales se subordinan a los "derechos del mercado", y la libertad se redefine como ausencia de coerción, centrada sobre todo en la libertad de comprar y vender. Milei sostiene que es en el mercado donde se materializa la libertad personal y, por lo tanto, debe protegerse de cualquier intervención, especialmente la estatal.

Pero como la única verdad es la realidad, casi todo no puede ser entendido como un mercado y los mercados no siempre optimizan los resultados.

En el mundo real, el funcionamiento de la economía se desarrolla -como subsistema- dentro del sistema mayor de la ecósfera, el mercado -que no es más que una parte de la economía- no puede imponer su modo de funcionamiento, su lógica, al resto de los niveles. Kuttner afirma que:

Hay en el centro de la celebración de los mercados una tautología implacable. Si comenzamos, por supuesto, con la premisa de que casi todo puede ser entendido como un mercado y que los mercados optimizan los resultados, entonces todo lo demás lleva de nuevo a la misma conclusión: ¡comercializar! (…) En caso de que alguna actividad humana no se comporte, de hecho, como un mercado eficiente, debe ser el resultado de alguna interferencia que debería eliminarse o de una obstinada negativa humana a apreciar los mercados. No puede ser que la teoría no especifique con precisión cómo funciona el comportamiento humano.[3]

Con Milei, estamos ante un intento inédito de instaurar un modelo anarcocapitalista en Argentina, que podría entenderse como una fase superior del neoliberalismo, o un capitalismo en estado puro.

El intento de Milei no solo es inédito sino también anacrónico en tanto muestra un atraso de dos siglos. Parafraseando a Perón en La Hora de los Pueblos se puede afirmar que cuando el liberalismo -en cualquiera de sus variantes- ha mostrado su incapacidad para abordar adecuadamente las crisis económicas y sociales actuales, Milei pretende presentarlo como de palpitante actualidad. El liberalismo decimonónico y sus herederos han sido superados por la evolución y tanto Milei como sus más conspicuos seguidores declaman todavía en el lenguaje del siglo XIX, pretendiendo atarnos a su atraso, imponiéndonos las caducas formas en que, por ignorancia, todavía creen.

Principios en pugna

Oponiendo los valores y principios anarcocapitalistas a aquellos que resultan fundamentales en la doctrina justicialista -especialmente en su vertiente kirchnerista- que considera la máxima expresión del populismo en Argentina, Milei ha desarrollado su antítesis ideológica. Esta confrontación no solo destaca las diferencias en sus enfoques económicos y sociales, sino que también refleja una crítica profunda hacia el modelo de gobierno que representa el kirchnerismo, enfatizando la necesidad de una alternativa que proponga un cambio radical en la dirección política y económica del país. (VER ANEXO)

Con los argumentos libertarios Milei se construye como antítesis, no solo del kirchnerismo sino de todas las formas de populismo y de la casta, afirmando que:

Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde a este país…Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Su máxima expresión es esa aberración llamada justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo…Somos el vehículo idóneo no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante.

El pragmatismo de Milei

Milei ha identificado a la "casta", compuesta por políticos y funcionarios, como el enemigo del progreso, la libertad y la eficiencia económica. Según él, esta élite se ha apropiado del poder para su beneficio personal, utilizando el Estado en detrimento de la población. Para Milei, la "casta" es responsable de la corrupción, los privilegios y el clientelismo.

Para combatirla, propone reducir el tamaño del Estado, eliminando ministerios, recortando programas sociales y privatizando empresas públicas que, según él, están plagadas de corrupción. También busca limitar el financiamiento público de partidos políticos y reducir el poder de los sindicatos, a los que considera parte de esta "casta".

Al asumir el gobierno y a pesar de su vehemente e intransigente retórica, Milei ha adoptado un enfoque pragmático incorporando a su gobierno a algunos conspicuos integrantes de la “casta”, como así también y pese a sus diferencias ideológicas, ha compartido fórmula con Victoria Villarruel cuya postura la identifica con el liberalismo clásico, el conservadurismo y el nacionalismo, todas posturas poco afines al pensamiento libertario; como así también Milei ha concretado una alianza estratégica con sectores neoliberales del macrismo y alianzas circunstanciales con dirigentes del radicalismo cambiemita e incluso, del peronismo crítico del kirchnerismo.

¿Por qué el modelo que promueve la alianza neoliberal-libertaria en Argentina conduce a una "barbarie ecosocial"?

 

Serge Latouche afirma que:

…la economía capitalista podría seguir funcionando en una situación de enorme escasez de recursos naturales, de cambio climático y de hundimiento de la biodiversidad, etc. …Las empresas (por lo menos, algunas de ellas) podrían seguir creciendo y ver cómo se incrementan sus cifras de negocios mientras hambrunas, pandemias y guerras exterminan a nueve décimas partes de la humanidad. Los recursos, cada vez más escasos, aumentarían desproporcionadamente de valor. La escasez de petróleo no menoscaba la salud de la compañías petroleras, bien al contrario…En una economía de escasez, el consumo disminuiría mientras que el valor de los productos continuaría aumentando. El capitalismo recuperaría su lógica original: crecer a expensas de la sociedad. Sería la barbarie.

Un estado de "barbarie ecosocial" es la situación en la que, bajo la lógica de un mercado absolutamente libre, se degradan las bases sociales, culturales y ambientales que sostienen la vida en comunidad. En este escenario, el afán desmedido de lucro, sin regulaciones ni principios de justicia social o límites ecológicos, provoca la sobreexplotación de recursos naturales y la mercantilización extrema de los derechos y relaciones humanas.

Este estado se caracteriza por una erosión de los vínculos colectivos, el aumento desmedido de la desigualdad y una creciente inseguridad en cuanto a la disponibilidad de recursos esenciales. Las interacciones se limitan a transacciones mercantiles, lo cual deshumaniza las relaciones y debilita los lazos sociales, transformando a las personas en simples competidores o consumidores. Ambientalmente, la falta de límites y el crecimiento desmedido llevan al agotamiento de los ecosistemas, incrementando el riesgo de crisis climáticas y ecológicas que ponen en peligro la supervivencia de la especie humana y la estabilidad de la biosfera.

La alianza neoliberal-libertaria nos propone vivir bajo estas lógicas del mercado, lógicas que desencadena profundas transformaciones en las matrices culturales y políticas, motivando una reorganización economicista de la vida, una reorganización que, como lo describe Stuart Chase consiste dejar que la demanda y la oferta trabajen sin freno; estimular el individualismo, no tolerar la interferencia de la legislación laboral y explotar al máximo la fuerza laboral; usar todos los recursos y fuerzas del gobierno, pero no tolerar interferencia alguna del mismo.[4] El resultado: mercantilización de todos los ámbitos de la vida natural y social; liquidación del capital natural (cuyos recursos y servicios no solo hacen posible la actividad económica, sino que hacen posible la vida misma) y un imparable proceso de concentración de la riqueza con secuelas de pobreza y exclusión. Todo lo cual constituye un estado de barbarie ecosocial.

El mercado absolutamente desregulado, parafraseando a Magdoff,[5] no tiene otra fuerza motriz, otro objetivo que no sea la acumulación de cantidades cada vez mayores de capital infringiendo en tal proceso de infinita acumulación daños tanto a los humanos como a la biosfera y a los sistemas de soporte vital necesarios para la humanidad y otras especies. Paralelamente, la concentración de capital crea una gran desigualdad de ingresos, riqueza y poder en la sociedad.

La precariedad laboral, es una consecuencia inevitable de la lógica de un mercado absolutamente desregulado en tanto los trabajadores solo debe encontrarse disponibles durante las fases de crecimiento económico, mientras que deben ser fácilmente despedidos cuando no son necesarios en los negocios.

Un mercado absolutamente desregulado patrocina y recompensa aquellas características humanas particulares que son útiles para prosperar o simplemente para existir en una sociedad tan competitiva, posesiva e individualista tales como egoísmo, individualismo, competición, avaricia, explotación de otros, consumismo, a la par que no permite la plena expresión de aquellas características humanas necesarias para una sociedad armoniosa como la cooperación, el compartir, la empatía y el altruismo.

Como lo afirma Alain Lipietz:

Una sociedad sin proyecto político, dejada a las simples fuerzas del mercado…no puede sino conducir a un crecimiento de las desigualdades y la multiplicación de las crisis ecológicas. [6]

El estado de barbarie al que conduce la lógica y el fundamentalismo de mercado queda muy bien descripta por Heilbroner cuando en septiembre de 1993, en una nota publicada por New York Times Review sostenía que el sistema de mercado no puede ser interpretado como una licencia para que cada propietario haga lo que quiera con su propiedad, ni para hacer negocios que sean exitosos por cualquier medio, ejemplificando con la única industria que no reconoce límites o reglas que es el narcotráfico, en la que el mercado actúa de acuerdo con lo que Thomas Hobbes llamaba la guerra contra el otro y describía la vida en esas condiciones como detestable, brutal y corta. Heilbroner afirma que:

Tal como los economistas nunca se cansan de decirnos, el mercado es un medio maravilloso para coordinar las actividades económicas, pero tal como nos dicen con menos frecuencia, compra sus triunfos al precio del descuido social e incluso de la destrucción. Descuido, porque el mercado tiene buen oído para las necesidades privadas, pero es sordo a las necesidades públicas; la destrucción ocasional, porque el mercado no tiene manera de juzgar las consecuencias de su sordera. Así el mercado nos brinda magníficas metrópolis cuyo aire no se puede respirar, un menú de entretenimientos por televisión preparados para el mínimo común denominador de nuestra cultura, una distribución de ingresos según ocupaciones y escalas que violentan nuestro sentido de la dignidad.

El anarcocapitalismo que impulsa Milei se caracteriza por su fundamentalismo de mercado; su base teórica monetarista, y su promesa/slogan de la esperanza del acceso colectivo a la aldea global de la prosperidad y el bienestar.

Tras la caída del Muro de Berlín, como argumenta Paco Puche,[7] comenzó una etapa inédita para el capitalismo neoliberal: un laboratorio en el que se podían probar los supuestos y teorías de un modelo basado en el "libre" mercado, el Estado mínimo y el equilibrio general garantizado por una "mano invisible." Este sistema, orientado a maximizarlo todo (beneficios, utilidades, producción...) a través del afán individual, se presentaba como la fórmula ideal para lograr el bienestar general y universal. Sin embargo, como señala Puche, el “libre” mercado ha revelado tres efectos letales que lo aproximan a un estado de barbarie ecosocial:

·         El Efecto Tánatos, la "pulsión de muerte" identificada por Freud en la teoría psicoanalítica. El capitalismo neoliberal, al sostener un crecimiento exponencial en un mundo de recursos limitados, se muestra incompatible con la vida misma: socava los fundamentos ecosistémicos que sostienen a la especie humana, generando y extendiendo crisis ambientales globales.

·         El Efecto Mateo, un fenómeno sociológico que describe la acumulación desigual de bienes, riqueza o fama, resumido en la frase "el rico se hace más rico y el pobre más pobre." Este sistema exacerba las desigualdades iniciales y condena a la mayoría a la miseria material, cultural y moral, generando desigualdad y crisis sociales.

·         El Efecto Escorpión Suicida, donde el sistema se autodestruye, alimentándose de la "ponzoña" del beneficio hasta alcanzar dosis letales, provocando crisis económicas recurrentes.

Laszlo advierte que el “fundamentalismo de mercado” conduce -inexorablemente- a la sobreexplotación de los recursos del planeta y a las desigualdades sociales.[8] Para Riechmannlos mercados muestran una tendencia a socavar sus propios fundamentos como la tendencia que tienen a degenerar en mercados oligopólicos, la manera en la que “corroen los valores morales comunitarios sin los cuales el propio mercado tampoco funciona”, la imposibilidad de proveer los bienes públicos que las sociedades precisan para subsistir y las “externalidades” de tipo social y ecológico que generan al socializar costes y privatizar beneficios.[9]

A todo lo anterior, Riechmann agrega los problemas de justicia que involucra el mercado al no poder tomar en cuenta ni a las generaciones futuras, ni a las personas sin demanda solvente, ni al resto de los seres vivos con quienes compartimos la biosfera; privilegiando el presente y el corto plazo frente al futuro y el largo plazo. Por último, destaca que “el dinamismo irrestricto de los mercados crea desequilibrios macroeconómicos que resultan en graves problemas como el paro, la inflación y la deuda externa”.

La barbarie ecosocial asoma en Argentina

El accionar de la alianza estratégica neoliberal-libertaria ha comenzado a deteriorar las estructuras sociales, económicas y políticas del país, profundizando las desigualdades y poniendo en riesgo la cohesión social.

Desde que Javier Milei asumió el gobierno en Argentina en diciembre de 2023, se han registrado varios cambios en los principales indicadores sociales y económicos del país, marcados por un fuerte impacto en el nivel de vida de la población:

  1. Aumento de la pobreza: Uno de los cambios más preocupantes ha sido el aumento de la pobreza, que alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024, la cifra más alta en dos décadas. Esto implica que más de tres millones de personas adicionales cayeron en la pobreza. El ajuste fiscal y la alta inflación, cercana al 300%, han erosionado los ingresos de los trabajadores y jubilados​.
  2. Consumo en caída: El consumo de carne per cápita se redujo un 6% en comparación con 2023, reflejando una baja en el poder adquisitivo y dificultades en la producción debido a la sequía previa. Las ventas de electrodomésticos también cayeron un 47%, lo que se asemeja a los niveles de la crisis durante la pandemia​.
  3. Mercado laboral: Se estima que más de 136,000 puestos de trabajo formales se han perdido en los primeros meses del gobierno de Milei, lo que afecta especialmente a los sectores informales de la economía​.
  4. Ventas de autos: Las ventas de autos nacionales han disminuido, mientras que la compra de autos importados ha crecido ligeramente (6,7%) en 2024, impulsada por una mayor disponibilidad de financiamiento​
  5. Inflación: La inflación acumulada en los primeros nueve meses de 2024 fue cercana al 300% anual, una de las más altas en la historia reciente del país. Esto ha causado un grave deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Los precios de bienes esenciales, como alimentos y medicinas, se han disparado, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables​.
  6. Deuda pública: El gobierno de Milei ha recurrido a una reestructuración de la deuda en busca de apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. Sin embargo, el alto riesgo país y el costo del endeudamiento externo limitan las posibilidades de acceso a financiamiento en condiciones favorables.​
  7. Desempleo: El desempleo ha aumentado debido a una combinación de recesión económica y ajustes fiscales. Las tasas de empleo formal se han reducido, especialmente en sectores como el industrial y el comercio. El desempleo ronda el 10%, con una afectación mayor en la juventud y en las mujeres​.
  8. Tipo de cambio: El gobierno ha implementado una política de dolarización parcial. Si bien ha frenado en parte la inflación, ha generado incertidumbre respecto a la competitividad de las exportaciones y a la capacidad de la industria local para sostener la producción interna​.
  9. Endeudamiento de los hogares: Con la caída del ingreso real y el incremento del costo de vida, muchas familias se han endeudado para cubrir necesidades básicas. Los niveles de morosidad en los créditos de consumo han aumentado significativamente, lo que refleja una creciente insostenibilidad en el endeudamiento familiar​.
  10. Niveles de inversión: La inversión extranjera directa ha mostrado signos de desaceleración debido a la incertidumbre política y económica. Esto ha afectado las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, especialmente en sectores clave como la energía, la minería y la infraestructura​.
  11. Exportaciones e importaciones: Aunque las exportaciones han crecido en algunos sectores agrícolas y mineros, la balanza comercial sigue mostrando déficit en la mayor parte de 2024, debido a la alta dependencia de importaciones, especialmente en sectores de tecnología e insumos industriales​.

Estos indicadores muestran una compleja realidad económica en Argentina, donde el enfoque de ajuste fiscal y las políticas de Milei están generando tensiones sociales, con un impacto significativo en la calidad de vida de la población.

El modelo de Milei es absolutamente incompatible con la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Por un lado, rechaza la justicia social, un concepto que considera opuesto a su visión libertaria y, por otro lado, rechazando la evidencia científica, hace gala de un negacionismo ambiental que tiene un impacto destructivo en las políticas públicas, constituye una irresponsabilidad ética y demuestra un nefasto cortoplacismo económico.

Como fruto de una verdadera sobretensión económica y social, y también ambiental (no tan visible, pero indudablemente presente) nuestra sociedad es empujada más allá de sus umbrales de estabilidad. Frente a ello, las propuestas que emergen de las ideologías tradicionales y sus expresiones político-partidarias se han tornado absolutamente anacrónicas e inconducentes. Nuestra sociedad, traumatizada por crecientes conflictos políticos necesita catalizadores para recuperar la cohesión, sus capacidades organizativas y creativas.

Es en ese contexto que resulta urgente y necesario proponer a la convivencialidad como categoría fundamental y a la construcción de una Argentina socialmente justa, económicamente independiente, políticamente soberana y ecológicamente prudente, como la empresa conjunta, la idea fuerza, el catalizador que logrará unirnos en busca de nuestro destino común.

Levantando el valor del vivir bien, juntos en la equidad; dando prioridad a la sociedad y terminando con el desorden histórico provocado por la prioridad otorgada a la economía, emerge la idea de un proyecto nacional impulsado por el sentido de solidaridad inter e intrageneracional, y por la responsabilidad para con el país y con el devenir histórico del mundo; un mundo que se dirige hacia una monumental transformación, hacia una bifurcación en la que la opción será evolución o decadencia.

El Pensamiento Nacional como antítesis de la sinrazón neoliberal-libertaria

Al igual que en el resto de Latinoamérica, existe en Argentina una corriente de pensamiento “nacional” (no colonial) que se contrapone a aquellas corrientes de pensamiento cuyo común denominador es la defensa de las estructuras y superestructuras que garantizan la dependencia cultural, política, económica y social del país.

En Argentina el pensamiento nacional se ha construido a lo largo de la historia como una respuesta a la dependencia externa y a la necesidad de forjar un proyecto autónomo que integre los intereses populares. Tiene sus orígenes en diversas corrientes de ideas y movimientos políticos que surgieron a lo largo de la historia del país, especialmente desde el siglo XIX. Se puede decir que este pensamiento, en sus múltiples expresiones, ha buscado interpretar la realidad argentina desde una perspectiva propia, independiente de los marcos ideológicos dominantes a nivel mundial, y priorizando los intereses nacionales frente a los extranjeros. Desde los caudillos federales hasta el peronismo y el revisionismo histórico, esta corriente ha buscado constantemente afirmar la identidad y la soberanía argentina en todas sus dimensiones: política, económica y cultural.

Es dentro del pensamiento nacional donde se encuentra el germen ideológico para enfrentar el proceso de desintegración nacional inherente al neoliberalismo vernáculo.

En el pensamiento nacional la constante búsqueda de los caminos más adecuados para alcanzar un desarrollo independiente incluye dos dimensiones que operan simultáneamente: la defensa del patrimonio natural del país, frente a la economía de rapiña impuesta por los países centrales y la aspiración de alcanzar una utilización intensiva de esos recursos naturales dentro de un proyecto nacional.

El General Enrique Mosconi sintetiza las dos posiciones del pensamiento nacional frente a la defensa y aprovechamiento de los recursos naturales de la siguiente manera:

Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera.

En igual dirección se inscribe el pensamiento de Arturo Jauretche cuando afirma que:

En el territorio más rico de la tierra vive un Pueblo pobre, mal nutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la Nación y el Pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una Nación soberana ni un Pueblo feliz.

También vamos a encontrar esta línea de pensamiento en los referentes del neoextractivismo progresista.

No cabe duda alguna sobre la necesidad de defender la heredad natural; pero merece un detenido análisis las estrategias extractivistas que, aun cuando cambian el destino de su renta, desde economías concentradas hacia políticas sociales, no cambian en nada los impactos inherentes a las insostenibles modalidades de producción.

Ha sido el General Perón, indiscutido referente del pensamiento nacional quien instala la idea de la defensa de los recursos naturales frente a las apetencias de las potencias centrales, pero no en una defensa para hacer con ellos un extractivismo por propia mano, como hoy -lamentablemente- se ha instalado en muchas de las corrientes nacionales y populares en Latinoamérica; sino para garantizar una utilización soberana y racional de los recursos naturales, tal como lo sintetizaba al afirmar que:  

Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado

Advirtiendo además que:

de nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos.

Para Perón

…cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales.  Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos.  El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos.

Allí reside el núcleo del planteamiento que puede ayudar a superar un esquema político que ya no puede dar solución a las nuevas y complejas demandas de la sociedad y que resulta clave para generar la fuerza política capaz de cambiar el actual rumbo de insostenibilidad.

La división es clara, o se ignora que existe una amenaza real, un peligro mayor que se cierne sobre todos los habitantes de la Tierra en la forma de una crisis ecosocial global y se sigue haciendo politiquería o se hace política con mayúsculas asumiendo la realidad y afrontando decididamente la contradicción suprema establecida a partir de la conflictiva interacción entre capital y naturaleza.

El pensamiento nacional hunde sus raíces en el proceso de emancipación del imperio español y la conformación de una identidad nacional independiente. Las guerras de independencia y las luchas entre unitarios y federales dieron forma a las primeras expresiones de un pensamiento que buscaba definir la identidad argentina. En esta línea fueron los caudillos federales, que se oponían a la centralización del poder y a las influencias extranjeras, los que defendieron la organización federal del país y los intereses de las provincias frente a las élites porteñas fuertemente vinculadas a los modelos europeos que intentaban imponer en el país.

Más tarde, a mediados del siglo XX, con el peronismo, fueron las reivindicaciones sociales las que realimentaron el carácter revolucionario del pensamiento nacional. Hoy es el cuidado de la casa común el que puede volver a conferir ese carácter revolucionario en tanto es el que permite ofrecer verdaderas y efectivas respuestas frente a la agudización de las múltiples y entrelazadas crisis ecosociales.

Si bien en la matriz ideológica de las corrientes nacionales y populares se encuentra el enfrentamiento con el pensamiento neocolonial y los intereses de los grupos privilegiados, no ocurre lo mismo con la necesidad de dejar atrás el ideario productivista/consumista y producir cambios radicales en nuestra forma de vida y los valores que la guían, cuestión que –hasta el presente– ha impedido que maduren las condiciones para producir un indispensable cambio de rumbo.

Frente a la impotencia que han generado décadas de promesas incumplidas y de recetas únicas que solo han servido para multiplicar las crisis, emerge una nueva corriente de pensamiento capaz de terminar con el vaciamiento de la política para pasar a ocuparse de su contenido, capaz de poner fin a la perpetua competencia por el poder entre hombres y partidos intercambiables y alternantes, mientras se deja a la sociedad sin proyecto y liberada a las fuerzas del mercado, sumergida en una cultura productivista y consumista que inevitablemente conduce a la agudización de las crisis ecosociales.

Es en tal escenario donde debe despertar en el pensamiento nacional una conciencia ética ecológica que le permita cambiar la anacrónica visión desarrollista que lo caracteriza por la de un "ecodesarrollo" en el que la producción, el consumo, la organización y desarrollo tecnológico puedan satisfacer las necesidades esenciales, racionando el consumo de recursos naturales y disminuyendo al mínimo posible la contaminación ambiental; un ecodesarrollo orientado por el principio de la justicia social, en armonía con la naturaleza y no en una guerra contra ella, un ecodesarrollo humanista en el que la ciencia y la técnica se reorienten dentro de los criterios ecológicos que garantizan la reproducción del capital natural, dejando de estar al servicio de una lógica de infinita acumulación del capital económico, que nunca derrama y que además aliena, destruye la naturaleza y envenena el ambiente. Un ecodesarrollo basado en economías más locales, centradas en las comunidades y con un poder político que esté realmente más cercano a la población.

En Argentina, el movimiento que aspire a ser una verdadera alternativa política debe surgir de una amplia confluencia de fuerzas que reconozcan en la justicia social; independencia económica, soberanía política y sostenibilidad ambiental los pilares de un proyecto emancipador.

Proponiendo un sistema justo, solidario y ecológicamente viable, donde la economía esté al servicio de la vida y no del lucro sin límites, este proyecto emancipador se posiciona como una verdadera antítesis a la barbarie ecosocial a la que nos arrastra la alianza neoliberal-libertaria.

El justicialismo como eje estructurante

Entre las fuerzas que pueden convertirse en ejes estructurantes del movimiento emancipador en Argentina tenemos, en primer lugar, al justicialismo, cuya doctrina se centra en la búsqueda de una sociedad equilibrada, donde los valores de justicia social, independencia económica y soberanía política sean los pilares para lograr el bienestar colectivo. Esta doctrina propone un sistema que equilibre los intereses del individuo con los de la comunidad, y se articula en torno a principios clave que abarcan aspectos sociales, políticos, económicos y espirituales.

Los tres pilares históricos fundamentales del Justicialismo -arriba identificados- lo conducen a abogar por una distribución equitativa de la riqueza y por garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a derechos fundamentales, como la educación, la salud y el trabajo digno, y a la satisfacción de necesidades básicas. Perón planteaba que la justicia social debía asegurar el bienestar de todos los sectores, especialmente los más vulnerables. En segundo término, la doctrina justicialista insiste en la necesidad de que la nación tenga control sobre su propia economía, sin depender de potencias extranjeras ni de corporaciones multinacionales. Esto implica la promoción de una economía nacional que pueda sostenerse y desarrollarse de manera autónoma, evitando la dependencia de capitales externos y defendiendo los recursos naturales del país. Finalmente, el justicialismo promueve la autodeterminación del pueblo, donde las decisiones políticas se tomen en función del interés nacional y no bajo influencias externas. Este principio defiende la capacidad del Estado de gobernar libremente, sin subordinación a intereses extranjeros ni a élites económicas que condicionen la dirección política.

La doctrina justicialista tiene cuatro componentes esenciales. En primer lugar, la Comunidad Organizada, en la que cada sector de la sociedad —trabajadores, empresarios, el Estado, etc.— cumple un rol determinado para el bienestar general, en un sistema armónico y cooperativo. Perón planteaba que el bien común debía estar por encima de los intereses individuales o sectoriales. En segundo lugar, la Tercera Posición frente al capitalismo y al comunismo. Perón rechaza el capitalismo liberal por su explotación del ser humano y su tendencia a la concentración de la riqueza en pocas manos, y al mismo tiempo rechaza el comunismo por su negación de las libertades individuales y la iniciativa privada. En cambio, propone un camino intermedio que combine libertad con justicia social. En tercer lugar, el trabajo como eje central al concebirlo como una herramienta de dignificación humana y un derecho fundamental. El justicialismo considera que la distribución de la riqueza debe estar basada en el esfuerzo del trabajo y que las políticas económicas deben priorizar el pleno empleo y la mejora de las condiciones laborales. Finalmente, en la doctrina justicialista, el Estado tiene un rol activo en la organización y dirección de la vida económica y social, para garantizar el bienestar general y evitar las injusticias de un mercado absolutamente desregulado. El Estado no debe ser opresivo, pero sí regulador, para asegurar la justicia social y el acceso equitativo a los recursos.

Perón incorporó a su doctrina una dimensión espiritual que sostiene que la comunidad no solo debe aspirar al bienestar material, sino también a un equilibrio moral y espiritual, promoviendo la solidaridad, la cooperación y el respeto por la dignidad humana; y con su Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo en 1972, extiende la visión justicialista hacia una nueva dimensión: la sostenibilidad ambiental. Una visión clave para actualizar la doctrina en el contexto de la crisis ecosocial contemporánea.

Rescatando las banderas históricas del peronismo junto a la nueva lucha por la sostenibilidad

En su carta “La Patria nos convoca”, publicada el 25 de octubre de 2024, Cristina Fernández de Kirchner afirma:

"No se trata de volver hacia atrás, sino de dar cuenta y testimonio de lo realizado, para que sea creíble lo que queremos hacer, teniendo claro que hoy debemos incorporar las nuevas demandas sociales".

"Queremos un peronismo que recupere sus banderas históricas, pero también sabemos que, sin coraje, decisión e inteligencia, será imposible ponerlas en práctica. Justicia social, soberanía política e independencia económica no pueden ser solo consignas vacías, sin contenido ni objetivos para el pueblo".

En estos párrafos, Cristina Fernández llama a recuperar las tres banderas históricas del peronismo a la luz de las nuevas demandas de la sociedad.

Muchos de estos reclamos han sido identificados por la expresidenta en su carta “Es la economía bimonetaria, estúpido. Aportes para un debate argentino”, publicada el 6 de septiembre, donde describe cómo el peronismo se había torcido y desordenado, proponiendo ejes para el debate.

No obstante, a pesar del análisis detallado, se observa una importante omisión: la cuestión ambiental, que es fundamental tanto en las nuevas demandas de la sociedad como en el ámbito del peronismo. Esta puede constituir, como intentaré fundamentar, una cuarta bandera histórica aún no plenamente asumida: la sostenibilidad ambiental. Una bandera que, aunque no la veamos, siempre está.

Perón sostenía que justicia social, independencia económica y soberanía política son la base de una filosofía de vida profundamente nacional, humanista y cristiana, que aspira a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación, representando una respuesta a las demandas sociales y económicas en las décadas de 1940 y 1950 en Argentina.

Pasaron tres décadas hasta que, en 1972, con su “Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo”, Perón advirtió sobre un peligro mayor que afecta a toda la humanidad y pone en riesgo su supervivencia. Este peligro obliga a plantear la cuestión en términos nuevos, que van más allá de lo político y trascienden divisiones partidarias o ideológicas, entrando en la esfera de la relación de la humanidad con la naturaleza. Perón sostiene que el agotamiento de recursos y el impacto ambiental de modelos de producción y consumo insostenibles no son un problema más, sino el verdadero problema de la humanidad. Así, extiende la visión justicialista hacia una nueva dimensión: la sostenibilidad ambiental, clave para actualizar la doctrina en el contexto de la crisis ecosocial contemporánea. Incluir la protección ambiental y la sostenibilidad dentro de la doctrina justicialista no solo es coherente con sus valores históricos, sino que también responde a las exigencias del mundo actual, donde la justicia social depende de un entorno ecológicamente equilibrado.

Perón recuerda que la lucha por la justicia social está intrínsecamente unida a la lucha contra el saqueo incesante de los ecosistemas. Su pensamiento en el “Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo” vincula cuatro temas clave: los límites naturales, la crítica al sistema hegemónico, el consumismo y la tecnolatría, anticipando el camino hacia una Argentina y un mundo más justos y sostenibles.

En este sentido, el legado ecológico de Perón debería ser un principio central en la evolución contemporánea del justicialismo, integrando la ética ambiental con los valores de equidad, inclusión y soberanía.

Esta visión no debe confundirse con un planteamiento ambientalista superficial o tecnocrático, subordinado a intereses políticos tradicionales. Por el contrario, constituye un legado ideológico fundamental, un motor para una nueva sociedad, economía y paradigma. Este legado advierte que no basta luchar por la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, sino que también es indispensable luchar por la supervivencia. En su planteo, resulta inútil declamar la defensa de los recursos naturales sin cambiar los métodos de desarrollo que los explotan irracionalmente.

El legado ecológico de Perón sigue siendo un aspecto que la dirigencia justicialista no ha asumido plenamente, enfrentando una encrucijada crucial: ignorarlo y quedar atrapada en un esquema político que no puede responder a las demandas de la sociedad, o asumirlo y, con coraje, decisión e inteligencia, recuperar las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política izando, junto a ellas, la bandera de la sostenibilidad ambiental. Estas banderas no deben convertirse en consignas vacías, sin contenido ni objetivos para el Pueblo, sino en acciones concretas que promuevan su felicidad y la grandeza de la Nación.

La unidad y convergencia con corrientes afines

Sin el justicialismo no existe alternativa a la barbarie ecosocial, pero solo con el justicialismo no alcanza para un verdadero cambio de rumbo. En la amplia convergencia necesaria para disputar el poder, además de los aliados tradicionales del justicialismo, con los que viene recorriendo una senda común en las últimas décadas, es necesario incorporar otras corrientes políticas del campo nacional y popular, de la izquierda, de sectores progresistas y de manera particular del ecologismo y de las corrientes ético religiosas que coinciden con los principios contenidos en las Cartas Encíclicas del Papa Francisco: Laudato si´ y Fratelli Tutti.

Este movimiento se debería proponer como alternativa a la barbarie neoliberal y anarcocapitalista; impulsar un nuevo pacto social que reconcilie los derechos humanos con los límites ecológicos, basado en la fraternidad, el cuidado de la casa común y la justicia social; y luchar por una patria socialmente justa, económicamente independiente, políticamente soberana y ambientalmente sostenible.

Una mirada diferente para abandonar la senda de las esperanzas traicionadas

Para comenzar la transición hacia una forma de vida diferente, capaz de dar respuestas a los desafíos ecosociales que nos amenazan con el colapso, es crucial reconocer que, hasta hace poco, históricamente hablando, la opción era liberación o dependencia y aunque esa lucha aún no se ha resuelto, hoy nos vemos obligados a luchar por la supervivencia, enfrentándonos a la elección entre evolución o decadencia.

El discurso crecimientista justifica ajustes interminables y aventuras extractivistas que nunca logran el tan prometido crecimiento ni derrame. Frente a esto, es urgente ayudar al pueblo a prepararse para sobrevivir las consecuencias de una carrera hacia la autodestrucción, impuesta por la dupla endeudamiento-extractivismo que perpetúa la dependencia y nutre el insostenible modelo del mundo industrializado.

Es necesario entender lo erróneo de seguir admirando e intentando copiar el modelo insostenible de los países del “primer mundo” y persistir en la misma receta extractivista como base de un desarrollismo obsoleto.

Luiz Carlos Bresser-Pereira identifica cinco formas de desarrollismo en los países que realizaron sus revoluciones industriales capitalistas: mercantilismo, bismarckismo, desarrollismo periférico independiente, desarrollismo nacional y el desarrollismo socialdemócrata de la "edad de oro" del capitalismo. En Latinoamérica, particularmente en las décadas de 1950 y 1960, surgió una corriente basada en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), buscando reducir la dependencia externa mediante políticas proteccionistas y la intervención estatal.[10]

Sin embargo, este desarrollismo clásico mostró limitaciones como la dependencia tecnológica, la falta de competitividad externa y desequilibrios económicos. Esto llevó a la búsqueda de un enfoque que combinara la industrialización interna con la inserción en mercados internacionales, lo que derivó en el llamado neodesarrollismo, surgido del fracaso de la globalización y el neoliberalismo. Según Bresser-Pereira, este modelo busca democratizar, reducir desigualdades y proteger el ambiente, proponiendo un Estado fuerte y activo.

Sin embargo, tanto el desarrollismo clásico como el neodesarrollismo comparten dos características que los vuelven insostenibles: su conversión en crecimientismo y el desconocimiento de la contradicción entre capital y naturaleza. Ambos, al alinearse con la ideología productivista, han terminado por deteriorar tanto el entorno natural como las sociedades que pretendían beneficiar.

El productivismo, en su afán por la acumulación y concentración, convierte los procesos de desarrollo en mero crecimiento, beneficiando a unos pocos mientras externaliza los costos a la mayoría, profundizando las desigualdades. Además, la contradicción capital-naturaleza es fundamental, ya que es la única con el potencial de impedir la reproducción del sistema productivista, lo que hace que las teorías crecimientistas choquen inevitablemente con los límites biofísicos del planeta, desatando crisis ecosociales.

Desde la perspectiva de la Ecología Política, se pueden identificar cuatro axiomas que subvaloran la dimensión ambiental en el neodesarrollismo. El primero es la fe en que la ciencia y la tecnología siempre encontrarán soluciones a los problemas ambientales, ignorando que la tecnología no puede superar los límites biofísicos. El segundo es considerar los recursos naturales como la palanca para el desarrollo, una noción que ha llevado a siglos de explotación en favor de los países centrales, como bien lo describe Horacio Machado Aráoz.[11]

El tercer axioma es la creencia en que el desarrollo sostenible depende de mayores capacidades estatales y mejores leyes, sin reconocer que el productivismo subyacente sigue siendo el obstáculo principal. Finalmente, el cuarto axioma es la idea de que una economía puede liberarse de los límites biofísicos, como lo propone el modelo de economía circular, ignorando las leyes de la termodinámica.

Atrapadas en el clásico esquema político bidimensional estructurado a partir de los ejes izquierda-derecha y democracia-totalitarismo; las corrientes de pensamiento nacional no logran advertir la irrupción de una nueva dimensión analítica, un tercer eje definido por la antinomia productivismo-antiproductivismo lo cual las hace marchar a contramano de los gigantescos cambios que el actual escenario ecosocial exige.

André Gorz en Ecología política. Expertocracia y autolimitación sostenía que:

...ante la ausencia de conversión ecológica la dislocación de los ciclos naturales, de las civilizaciones y de las sociedades hará hundirse a la humanidad en la barbarie. Unos pocos desastres limitados, que anuncien la aproximación de mayores catástrofes, pueden ser suficientes para precipitar la mutación sociocultural en curso y hacer volcar a las sociedades hacia la ecología política.

Es en tal contexto que el ecologismo político se ha transformado en obligado punto de referencia en la inevitable y urgente transición hacia una organización socioeconómica radicalmente diferente, no asentada en el sustrato productivista, sino en una razón ecosocial capaz de romper las falacias desarrollistas y alimentar nuevas teorías de la sociedad y del cambio social. De alimentar una radical transformación de la vida material, de la manera misma de producir, consumir y de compartir la vida en la comunidad. Es la Ecología Política el punto de referencia obligado para plantear una transición hacia una sociabilidad convivencial y un desarrollo verdaderamente sostenible; una transición desde la economía del siempre más a una que gradualmente busque un punto de equilibrio dinámico, una economía de estado estacionario que garantice la justicia social mientras protege las bases biofísicas de la vida. Una transición que debe iniciarse en el norte industrializado en un proceso decrementista que ponga fin a la sociedad de consumo que -desde la década del año 1950- es principal responsable de la globalización de la crisis ecosocial.

En el escenario actual, antes que seguir proponiendo más de lo mismo, la principal tarea política ha pasado a ser la de guiar a los pueblos en la inevitable transición hacia la adopción de maneras de vida alternativas, materialmente sencillas y es aquí donde cobra relevancia concentrar todos los esfuerzos en las economías locales, de pequeña escala y altamente autosuficientes, cooperativas y participativas, desarrolladas mediante sistemas donde las pequeñas comunidades controlen sus propios asuntos, independientes de la economía global transformada en un modelo que, tal como lo propone Castoriadis,[12] ha dejado a tres cuartas partes de la humanidad sin poder satisfacer ni siquiera de manera elemental sus necesidades y a la cuarta parte restante la ha dejado atada, como una ardilla a su rueda, persiguiendo la satisfacción de las “necesidades” nuevas, manufacturadas día tras día ante nuestros ojos.

Para el ecologismo político, así como no puede existir un capitalismo con rostro humano, tampoco puede existir un extractivismo progresista y menos aún un desarrollismo que no termine naufragando en un crecimientismo que lo conduce a un sistema de valoración exclusivamente monetario, la consiguiente mercantilización de todas las esferas de la vida y la agudización de las crisis ecosociales. 

El desarrollo sostenible, entendido desde el ecologismo político, implica abandonar el productivismo y transformar radicalmente nuestros modos de organización económica y social. Solo así podremos enfrentar la crisis ecosocial que avanza hacia un punto de no retorno.

Urgente Llamado

Este es entonces un llamado a la necesaria y urgente acción para construir un movimiento que promueva un nuevo pacto social basado en la fraternidad, la justicia social y el cuidado de la casa común. Un movimiento capaz de producir un verdadero cambio de rumbo para garantizar la supervivencia y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Un movimiento ecosocial edificado sobre cuatro pilares básicos: justicia social; independencia económica; soberanía política y sostenibilidad ambiental.

 

ANEXO

En los siguientes cuadros se sintetiza la confrontación ideológica entre el pensamiento anarcocapitalista de Milei y la doctrina Justicialista.

El rol del Estado

Para Javier Milei el Estado es un “aparato opresor” que, lejos de solucionar problemas, tiende a expandirse para controlar y regular cada aspecto de la vida de las personas. Critica al Estado por crear dependencia a través del asistencialismo y considera que su intervención distorsiona la economía y limita el potencial del mercado para resolver los problemas sociales de manera más eficiente. Milei aboga por un Estado mínimo o, idealmente, por la eliminación de casi todas las funciones estatales que no sean la seguridad y la justicia. Propone privatizar servicios públicos y eliminar la mayoría de las regulaciones y programas sociales, ya que considera que la competencia en el mercado es la forma más justa y eficiente de asignar recursos. En su visión, los ciudadanos deben ser libres de actuar y desarrollarse sin la “opresión” de un Estado que, según él, se financia a través de la coerción fiscal y genera corrupción e ineficiencia.

 

"El Estado es la mayor organización criminal del mundo…un "ladrón" que roba a los ciudadanos a través de impuestos…Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite”.

 

"La era del supuesto 'Estado presente' se ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso. La salida vendrá de la mano del sector privado, del crédito, y financiado genuinamente por el ahorro".

 

Para el Justicialismo el Estado es fundamental en la promoción de la justicia social, la equidad económica y el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, el Estado se concibe como un actor clave en la regulación de la economía, la provisión de servicios básicos y la protección de los derechos de los ciudadanos. El Justicialismo considera que el Estado debe intervenir en la economía para promover el crecimiento y desarrollo, mediante políticas que fomenten la industria nacional, protejan el empleo y estimulen la inversión en sectores estratégicos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social, buscando asegurar que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a estos derechos. A través de políticas fiscales y programas de asistencia social, el Estado debe actuar para reducir las desigualdades económicas y garantizar una distribución más equitativa de los recursos, promoviendo la inclusión social. Para el Justicialismo el Estado debe intervenir en el mercado para regular las relaciones laborales, proteger los derechos de los trabajadores y evitar abusos por parte de las grandes corporaciones, asegurando un entorno justo para todos. El Estado también se ve como el defensor de la soberanía política y económica del país frente a intereses extranjeros y organismos internacionales, buscando mantener el control sobre recursos estratégicos y garantizar la autodeterminación. La defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la protección de minorías son también aspectos centrales en la visión del rol del Estado, que se debe posicionar como garante de la justicia y la dignidad para todos.

La noción de populismo

Javier Milei critica fuertemente el populismo, considerándolo un fenómeno negativo que distorsiona la realidad económica y lleva a la corrupción y al clientelismo. Para él, el populismo es sinónimo de demagogia y de promesas vacías que no se pueden cumplir. Desde su perspectiva, el populismo implica la implementación de políticas económicas insostenibles que generan déficit fiscal y exacerban la inflación. Milei argumenta que estas políticas dañan a largo plazo el desarrollo del país y perjudican a la población. Milei considera que el populismo promueve un enfoque en el asistencialismo y en la dependencia del Estado, lo que, según él, socava el valor de la meritocracia y el esfuerzo individual. Para él, el verdadero progreso se logra a través de la libertad económica y no mediante políticas populistas. En su crítica, Milei sostiene que el populismo crea un contrato social distorsionado, donde los políticos hacen promesas que no pueden cumplir, lo que lleva a la desconfianza en las instituciones y en la política en general. A diferencia del populismo, Milei aboga por un enfoque que prioriza la libertad individual y el mercado como motores del desarrollo. Para él, las políticas populistas limitan la libertad y la capacidad de los individuos para alcanzar su potencial.

 

"Venimos a plantear la discusión entre populismo y República"

El justicialismo se identifica a menudo como un movimiento populista en el sentido de que busca representar los intereses de las clases trabajadoras y sectores populares. El populismo, en este contexto, se entiende como un enfoque que prioriza las necesidades y demandas de la mayoría de la población frente a las élites. El justicialismo ha sido históricamente asociado con líderes carismáticos, como Juan Domingo Perón, que apelaban a la emotividad y a la conexión directa con el pueblo. Este tipo de liderazgo es característico de los movimientos populistas. Para el justicialismo, el populismo implica la búsqueda de la justicia social y la redistribución de la riqueza. Se enfoca en políticas que mejoren las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, defendiendo el rol del Estado como mediador en la economía. El justicialismo critica las élites económicas y políticas que considera desconectadas de las realidades del pueblo. Esto se traduce en políticas que buscan empoderar a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables. En muchas ocasiones, el justicialismo ha vinculado su populismo con un sentido de nacionalismo, promoviendo políticas que protejan los intereses nacionales frente a influencias externas y buscando la soberanía política y económica.

La noción de “casta”

La noción de "casta" es central en el discurso de Javier Milei, quien la utiliza para referirse a una élite política y económica que considera responsable de la corrupción y del mal manejo del Estado en Argentina. Según Milei, esta "casta" está compuesta por políticos, burócratas y empresarios que se benefician del sistema en detrimento del bienestar de la población. En este sentido, Milei presenta una visión crítica y confrontativa hacia lo que percibe como una clase política que ha fallado en cumplir con sus deberes hacia los ciudadanos. Milei utiliza el concepto de "casta" para criticar a una élite política y económica que considera corrupta y desconectada de las necesidades del pueblo.

 

"La casta política y la casta periodística se han apoderado de la información pública para manipularla y mantenerla cautiva de sus intereses personales."

 

"Si no hay control en la casta política, la democracia se transforma en una dictadura de la mayoría, donde los derechos de los ciudadanos se ven pisoteados."

"La casta política y la casta judicial se han convertido en los principales obstáculos para el desarrollo de la Argentina."

 

El justicialismo no utiliza el término "casta" de la misma manera que Milei. En general, el justicialismo se presenta como un movimiento que busca la inclusión social, la justicia y la defensa de los derechos de los trabajadores, y no necesariamente se identifica con una crítica a una élite política de la misma forma. Aunque el justicialismo ha enfrentado acusaciones de corrupción y ha tenido casos notorios dentro de sus filas, también ha realizado críticas internas y externas sobre la corrupción y la ineficiencia en la política. Sin embargo, esta crítica no se articula en torno a una noción de "casta", sino que se enfoca más en la necesidad de renovación y transparencia. El justicialismo se presenta como un movimiento que busca construir un proyecto nacional inclusivo y equitativo. En su narrativa, la "casta" como tal no es el foco; más bien, el énfasis está en la lucha por la justicia social y el bienestar de la población. En la tradición justicialista, se promueve la idea de que el poder debe estar en manos del pueblo, y se alienta la participación activa de la ciudadanía en la política. Esto contrasta con la noción de "casta", que implica una desconexión entre una élite y la base popular. En lugar de centrarse en la noción de "casta", el justicialismo critica las políticas neoliberales que, según su perspectiva, perpetúan desigualdades y concentran el poder y la riqueza en manos de unos pocos, aunque no lo haga usando el término "casta".

El rol del mercado

Milei asigna un rol central al libre mercado como motor de la economía. Cree que la competencia y la libre iniciativa son fundamentales para promover la eficiencia y la innovación, y que el mercado debe operar sin interferencias estatales. Para Milei, el mercado debe ser desregulado y abierto a la competencia internacional. Esto significa eliminar barreras comerciales y reducir el papel del Estado en la economía, permitiendo que las fuerzas del mercado determinen precios y asignaciones de recursos. En la visión de Milei, un mercado eficiente no puede coexistir con un alto gasto público. Por lo tanto, aboga por recortes en el gasto del Estado, argumentando que esto liberará recursos y fomentará la inversión privada. Milei promueve la privatización de empresas estatales y la eliminación de subsidios, considerando que la gestión privada es más eficiente y que el mercado debe ser el principal determinante de la producción y distribución de bienes y servicios. A diferencia del enfoque justicialista, Milei ve la inversión extranjera como un elemento clave para el crecimiento económico, promoviendo un entorno favorable para atraer capitales y permitir la competencia internacional. Milei ve al mercado como un mecanismo autónomo que debe operar libremente, sin interferencias, promoviendo la desregulación y la apertura económica como claves para el crecimiento.

El justicialismo ve al mercado como un instrumento que debe estar al servicio del desarrollo social y económico. Se promueve un equilibrio entre la intervención del Estado y el funcionamiento del mercado, buscando garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan equitativamente. En esta perspectiva, el Estado tiene un rol activo en regular el mercado para prevenir abusos y garantizar la justicia social. Esto incluye la protección de los derechos de los trabajadores, el control de precios y la intervención en sectores estratégicos para asegurar el bienestar general. El justicialismo fomenta políticas que protegen y promueven la industria nacional frente a la competencia extranjera. Esto implica medidas de apoyo a la producción local y restricciones a importaciones que puedan perjudicar a las industrias nacionales. Se considera que el mercado debe operar dentro de un marco que priorice la cohesión social y la reducción de desigualdades. El justicialismo defiende que el crecimiento económico debe ir acompañado de políticas que garanticen la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos. El justicialismo considera al mercado como una herramienta que debe ser regulada y guiada por el Estado para asegurar el desarrollo social y la justicia económica.

La justicia social

Javier Milei rechaza el concepto de justicia social, al que considera una forma de "injusticia" y una distorsión de los principios de libertad y propiedad privada. Según Milei, la justicia social se basa en una “redistribución coercitiva” de los ingresos, donde el Estado expropia a algunos para favorecer a otros, un proceso que considera incompatible con la libertad individual y el mérito. En su opinión, la justicia social lleva a una “sociedad de saqueo”, en la cual los derechos de propiedad se ven vulnerados en nombre de una “falsa” solidaridad.

Milei critica el rol del Estado en la justicia social, afirmando que este crea dependencia y reduce la eficiencia económica, ya que, según él, los recursos se malgastan en políticas asistencialistas que distorsionan las señales de mercado. Propone, en cambio, un modelo basado en el libre mercado y en la responsabilidad individual, donde las personas prosperen en función de su esfuerzo y habilidades, sin depender de subsidios o transferencias del Estado. Milei sostiene que la justicia social no es un derecho legítimo y la considera una idea incompatible con los valores de libertad y competencia que defiende.

 

“El papa es el representante del Maligno en la tierra. Habría que informarle ‘al imbécil que está en Roma’ que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital”

Para el justicialismo, el concepto de justicia social es fundamental y se entiende como un principio que busca la equidad y la dignidad para todos los ciudadanos. Este concepto se asocia estrechamente con la idea de que el Estado debe intervenir activamente en la economía y en la sociedad para garantizar que todos tengan acceso a los derechos y oportunidades necesarias para una vida digna. Para el Justicialismo la justicia social implica una distribución más equitativa de la riqueza, buscando reducir las desigualdades económicas y sociales a través de políticas fiscales y programas de asistencia social que beneficien a los sectores más vulnerables. El justicialismo enfatiza la protección de los derechos de los trabajadores, promoviendo condiciones laborales justas, salarios dignos y la creación de empleo. Se considera que el trabajo es un derecho fundamental y un medio para alcanzar la dignidad. La justicia social en el justicialismo también aboga por el acceso universal a servicios esenciales como educación, salud y vivienda, entendiendo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos para todos los ciudadanos. Se busca la integración de todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos que han sido históricamente marginados, promoviendo políticas que favorezcan la equidad de género, la protección de minorías y la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. La justicia social también se relaciona con la defensa de la soberanía política y económica, promoviendo un desarrollo que priorice los intereses del país y su población por encima de los intereses extranjeros. El justicialismo resalta la importancia de la solidaridad y el trabajo en comunidad como pilares de una sociedad más justa, fomentando una cultura de apoyo mutuo y responsabilidad social. Para el justicialismo, en definitiva, la justicia social es un principio que guía su acción política y social, buscando construir una sociedad más equitativa y solidaria, donde el Estado juega un rol activo en la promoción del bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos.

La soberanía política

Javier Milei tiene una postura particular respecto a la soberanía política, ya que su visión de país se centra en una mayor apertura económica y un rol reducido del Estado en la vida pública, lo que implica una noción de soberanía diferente a la tradicional. Si bien defiende la independencia de Argentina en términos formales, su énfasis está en la libertad económica, y no necesariamente en el control estatal sobre los recursos estratégicos o en una intervención activa en la economía para proteger sectores nacionales. Para Milei, la soberanía política se fortalece cuando el Estado se reduce a sus funciones mínimas y permite que el mercado, los acuerdos de libre comercio y la competencia internacional guíen la economía. Por esta razón, apoya la eliminación de barreras comerciales y una inserción profunda en el mercado global, considerando que estas medidas impulsan el crecimiento y fortalecen al país. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por algunos sectores que consideran que una apertura económica extrema podría debilitar la autonomía de Argentina en temas estratégicos y hacerla más vulnerable a intereses externos.

El principio de soberanía política es fundamental en la doctrina justicialista y desempeña un papel clave en la concepción de la nación, el Estado y la identidad argentina. La soberanía política implica que el pueblo argentino tiene el derecho de autodeterminarse y decidir su propio destino, sin interferencias externas. Esto refuerza la idea de que las decisiones sobre la política y la economía del país deben ser tomadas por los argentinos, en función de sus intereses y necesidades. El justicialismo sostiene que la soberanía política incluye el control sobre los recursos naturales del país. Esto implica que el Estado debe gestionar y proteger estos recursos en beneficio de la población, evitando la explotación extranjera que pueda perjudicar el desarrollo nacional. La soberanía política se relaciona estrechamente con la independencia económica. El justicialismo aboga por un modelo de desarrollo que priorice la industria nacional, promueva la creación de empleo y reduzca la dependencia de mercados internacionales, buscando una economía autosuficiente. La defensa de la soberanía política está ligada a la promoción de los derechos humanos y la justicia social. El justicialismo sostiene que el respeto y la protección de los derechos de los ciudadanos son esenciales para una verdadera soberanía, donde el Estado actúa como garante del bienestar de su población. En la doctrina justicialista, hay un fuerte rechazo a cualquier forma de intervención extranjera en los asuntos internos de Argentina, ya sea política, económica o cultural. Este rechazo se basa en la idea de que el país debe construir su propio camino y tomar decisiones soberanas, sin imposiciones externas. La soberanía política también implica la consolidación de instituciones democráticas fuertes y representativas. El justicialismo promueve la participación activa de la ciudadanía en el proceso político como un medio para ejercer la soberanía y asegurar que el poder emane del pueblo. Aunque se enfatiza la soberanía nacional, el justicialismo también promueve la solidaridad internacional, entendiendo que los países deben colaborar entre sí en un marco de respeto mutuo, buscando soluciones a problemas globales sin renunciar a su soberanía. El principio de soberanía política es un pilar central de la doctrina justicialista, que se refleja en la defensa de la autodeterminación nacional, la protección de recursos, la promoción de la justicia social y la independencia económica, así como en el rechazo a la intervención extranjera y la consolidación de un sistema democrático participativo.

La independencia económica

Javier Milei tiene una visión crítica y bastante diferente del principio de independencia económica en comparación con el justicialismo. Milei es un defensor del liberalismo económico y promueve políticas que favorecen el libre mercado. Esto implica una menor intervención del Estado en la economía y un enfoque en la apertura de mercados, tanto nacionales como internacionales. Para Milei, la independencia económica se logra a través de la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios que, según él, distorsionan la economía. Considera que un Estado más pequeño y eficiente es fundamental para liberar recursos y fomentar la inversión privada. Milei aboga por la desregulación de sectores económicos, argumentando que la eliminación de barreras y regulaciones permitirá una mayor competitividad y atraerá inversiones extranjeras, lo que, a su juicio, contribuirá a la prosperidad económica del país. En lugar de proteger el mercado interno como lo hace el justicialismo, Milei propone abrir la economía argentina a la competencia internacional. Cree que esto beneficiará a los consumidores al reducir precios y mejorar la calidad de los productos. Milei es un firme defensor de la privatización de empresas estatales, argumentando que el sector privado es más eficiente en la gestión de recursos y servicios. Esto se alinea con su visión de que la intervención estatal suele ser perjudicial para la economía. A diferencia del justicialismo, que busca proteger y fomentar la industria nacional, Milei considera que la inversión extranjera es crucial para el desarrollo económico. Cree que facilitar la entrada de capitales extranjeros ayudará a generar empleo y crecimiento. Milei critica la idea de un nacionalismo económico que priorice la producción local a expensas de la apertura internacional, argumentando que esto puede llevar a ineficiencias y mayores costos para los consumidores. Milei tiene una perspectiva liberal que se aleja del enfoque justicialista sobre la independencia económica. Su visión se centra en la reducción del rol del Estado en la economía, la desregulación, la apertura de mercados y la promoción de la inversión privada y extranjera como vías para alcanzar la prosperidad económica.

El principio de independencia económica es un componente esencial de la doctrina justicialista y se centra en la necesidad de que Argentina desarrolle su economía de manera autónoma, priorizando los intereses nacionales sobre las influencias externas.   La independencia económica implica que el país debe ser capaz de tomar decisiones sobre su desarrollo económico sin depender de potencias extranjeras o instituciones internacionales. Esto incluye la formulación de políticas que respondan a las necesidades y realidades locales. El justicialismo aboga por el fortalecimiento de la industria nacional como motor del desarrollo económico. Esto se traduce en políticas que fomenten la producción local, la creación de empleo y el impulso a la innovación y la tecnología en el país. La independencia económica también se refiere al control y gestión de los recursos naturales del país. El justicialismo sostiene que estos recursos deben ser explotados y utilizados en beneficio de la población argentina, evitando la entrega a intereses extranjeros que puedan perjudicar el desarrollo nacional. Para lograr la independencia económica, el justicialismo defiende la implementación de políticas de protección del mercado interno. Esto puede incluir medidas como aranceles, subsidios y regulaciones que favorezcan a las empresas locales frente a la competencia extranjera. Se busca diversificar la economía para reducir la dependencia de ciertos sectores o mercados, promoviendo el desarrollo de múltiples industrias y actividades económicas que fortalezcan la resiliencia del país ante crisis externas. El principio de independencia económica incluye la búsqueda de la soberanía alimentaria, asegurando que el país pueda producir suficiente alimento para su población, reduciendo la dependencia de importaciones y promoviendo la seguridad alimentaria. La independencia económica está íntimamente ligada a la justicia social. El justicialismo sostiene que un desarrollo económico autónomo debe ir acompañado de políticas que garanticen la distribución equitativa de la riqueza y el acceso a oportunidades para todos los ciudadanos. Si bien se busca la independencia económica, el justicialismo también promueve la integración regional y la colaboración con otros países latinoamericanos, entendiendo que una economía regional fuerte puede contribuir a la autonomía de cada nación frente a las potencias globales. El principio de independencia económica en la doctrina justicialista es fundamental para promover un desarrollo económico autónomo y sostenible, que priorice el bienestar de la población argentina y garantice la soberanía sobre sus recursos y decisiones económicas.

 

 

Sostenibilidad ambiental

Para Milei la sostenibilidad ambiental tiene una consideración secundaria, subordinada a los intereses del libre mercado y el crecimiento económico. Milei prioriza el crecimiento económico sobre las preocupaciones ambientales. Su enfoque es que la economía debe ser la base para abordar otros problemas, incluyendo los ambientales, y que un crecimiento robusto puede generar los recursos necesarios para enfrentar los desafíos ambientales. Milei promueve la desregulación en varias áreas, incluida la ambiental. Cree que reducir la intervención del Estado en la economía puede fomentar la inversión y la innovación, lo que, según él, contribuiría indirectamente a mejorar las condiciones ambientales. Aunque no niega el cambio climático, Milei ha manifestado escepticismo sobre el origen antrópico del mismo, la gravedad de su impacto y sobre la necesidad de implementar políticas drásticas para combatirlo. Prefiere no comprometerse con acuerdos internacionales que consideren limitaciones a la actividad económica. Para Milei son mecanismos de control ideológico que, bajo la justificación de proteger el ambiente, buscan restringir las libertades individuales y el crecimiento económico.

Su enfoque tiende a favorecer la explotación de recursos naturales, como la minería y la agricultura intensiva, argumentando que esto puede generar empleo y atraer inversiones. Para él, el desarrollo de estos sectores es clave para la economía argentina. Milei promueve la idea de que la responsabilidad de la protección ambiental debe recaer en los individuos y en el sector privado, en lugar de en políticas estatales coercitivas. Cree que la innovación y la competencia serán suficientes para abordar los problemas ambientales. Milei suele argumentar que el mercado y la propiedad privada pueden llevar a una mejor administración de los recursos naturales, ya que los propietarios tienen incentivos para proteger y usar los recursos de manera sostenible. Además, critica las subvenciones estatales a energías renovables y las políticas de transición energética, que considera poco rentables y distorsionadoras. En su opinión, la solución a los problemas ambientales debe venir del mercado y la innovación, no de la intervención estatal, que percibe como costosa, ineficaz y promotora de una “agenda verde” que limita el crecimiento económico y la libertad de los individuos.

Para el justicialismo, especialmente en su interpretación contemporánea, la sostenibilidad ambiental se considera una extensión natural de sus principios históricos de justicia social, soberanía política e independencia económica. Desde la perspectiva del justicialismo, la sostenibilidad no solo es una cuestión ambiental, sino que se entrelaza con la búsqueda del bienestar social y la equidad. La visión peronista sostiene que la justicia social está intrínsecamente ligada a la protección del ambiente. La lucha por los derechos sociales implica también la defensa de los recursos naturales y la salud de la casa común. La incorporación de la sostenibilidad ambiental en el justicialismo se ve como una forma de responder a las demandas contemporáneas y de adaptar sus políticas a un contexto de crisis ecológica . El justicialismo reconoce entonces la importancia de la sostenibilidad ambiental como un componente esencial para el desarrollo a largo plazo. Se busca un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales. Se promueven leyes y regulaciones que buscan proteger el ambiente, incluyendo la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad. Esto implica un enfoque en la regulación de actividades que puedan dañar el entorno, como la minería y la agroindustria. El justicialismo enfatiza la necesidad de un desarrollo sostenible que contemple el bienestar social, económico y ambiental. Esto incluye la promoción de energías renovables y la transición hacia una economía más verde. Se busca fomentar la educación ambiental y la conciencia pública sobre la importancia de la protección del medio ambiente. Esto incluye campañas de sensibilización y programas en las escuelas. El justicialismo considera que las políticas ambientales deben ir acompañadas de un enfoque en la inclusión social, asegurando que las comunidades vulnerables no se vean perjudicadas por la explotación de recursos naturales.

Frente a cada necesidad nace un derecho

Javier Milei rechaza que sea cierto que frente a cada necesidad nazca un derecho, según él, esta perspectiva crea lo que considera una "sociedad de saqueo", donde el Estado se convierte en un ente que expropia a unos para darle a otros, perjudicando así la libertad individual y la economía de mercado. Milei se opone firmemente a esta concepción de los derechos sociales, argumentando que los derechos auténticos deben ser los de libertad individual y propiedad privada, y no el acceso a bienes o servicios cubiertos por el Estado. Este rechazo de Milei va en línea con su postura anarcocapitalista, sosteniendo que las necesidades de las personas deben ser atendidas a través del mercado y la iniciativa privada, no mediante el establecimiento de derechos sociales o asistencialismo estatal, que considera "paternalistas" y "populistas".

Para el justicialismo, la idea de que "frente a cada necesidad nace un derecho" es un principio fundamental que subraya la importancia de la justicia social y el rol del Estado en la protección y promoción de los derechos de los ciudadanos. Esta concepción se basa en la creencia de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a todos los individuos el acceso a los derechos básicos necesarios para una vida digna. El Justicialismo considera que, a medida que surgen necesidades sociales, como la educación, la salud, la vivienda y el empleo, estas deben ser reconocidas como derechos inalienables que el Estado debe garantizar. El justicialismo promueve una intervención activa del Estado para asegurar que estos derechos sean efectivamente cumplidos. Esto incluye la implementación de políticas públicas y programas que aborden las necesidades de la población. Además de los derechos civiles y políticos, el justicialismo enfatiza la importancia de los derechos económicos y sociales, entendiendo que el bienestar de las personas no puede ser alcanzado sin asegurar condiciones dignas de vida. La idea de que cada necesidad genera un derecho también se vincula con los valores de solidaridad y equidad, buscando que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse plenamente.

El Justicialismo considera que los derechos pueden evolucionar y expandirse a medida que cambian las necesidades de la sociedad, reconociendo así la dinámica de las condiciones sociales y económicas. Para el justicialismo, en definitiva, la noción de que frente a cada necesidad surge un derecho resalta el compromiso con la justicia social y el papel proactivo del Estado en garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vida digna y plena.

Asistencia social

Javier Milei es crítico de la asistencia social, considerándola una forma de "asistencialismo" que crea dependencia y desincentiva el trabajo y la autosuficiencia. Desde su perspectiva, las políticas de asistencia social suelen ser ineficaces y no abordan las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad. Sostiene que el Estado no debería intervenir de manera tan directa en la vida de los ciudadanos a través de subsidios o transferencias económicas, ya que esto, según él, perpetúa un ciclo de dependencia y reduce la responsabilidad individual. Milei aboga por una reducción drástica de los programas de asistencia social y propone que en su lugar se fomenten políticas que estimulen la creación de empleo y el emprendimiento, permitiendo que las personas se sostengan a través de su propio esfuerzo en un entorno de libre mercado. Cree que, al liberar a los individuos de la carga de depender del Estado, se les permite alcanzar su máximo potencial y contribuir al crecimiento económico del país.

La asistencia social juega un papel importante en la visión del justicialismo, ya que se concibe como una herramienta para promover la justicia social, la equidad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La asistencia social se utiliza como un mecanismo para proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como los pobres, ancianos, personas con discapacidad y familias en situaciones de crisis. Esto se considera fundamental para garantizar la dignidad de todas las personas. A través de programas de asistencia, el justicialismo busca redistribuir recursos y brindar apoyo a quienes más lo necesitan, tratando de reducir las desigualdades económicas y sociales que existen en el país. La asistencia social es vista como una vía para promover la inclusión social, permitiendo que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a servicios básicos, educación y empleo, facilitando su integración en la sociedad. Aunque la asistencia social proporciona apoyo inmediato, el justicialismo también enfatiza la importancia de programas que estimulen la autonomía y el empoderamiento de las personas, buscando que puedan superar su situación de dependencia y alcanzar la autosuficiencia. La asistencia social no se ve como una solución aislada, sino como un complemento a políticas públicas más amplias que promuevan el desarrollo económico, la creación de empleo y el acceso a servicios básicos, entendiendo que estos elementos son interdependientes. La asistencia social se enmarca en una cultura de solidaridad y apoyo mutuo, donde el Estado tiene un rol activo en cuidar de todos los ciudadanos, promoviendo un sentido de comunidad y responsabilidad social.

La asistencia social es considerada una herramienta clave en el justicialismo para abordar la pobreza y las desigualdades, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a un mínimo de dignidad y bienestar, mientras se busca fomentar la inclusión y la autonomía.

Sistema de salud pública

Javier Milei tiene una visión crítica del sistema de salud pública en Argentina, argumentando que es ineficiente y que su funcionamiento está plagado de problemas, como la burocracia, la falta de recursos y la corrupción. Para Milei, el sistema estatal de salud no logra ofrecer atención de calidad y tiende a ser un lastre para el desarrollo del país. Milei propone que el sector de la salud debería orientarse hacia un modelo más basado en el mercado. Sugiere que la competencia entre proveedores de salud, tanto públicos como privados, podría mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia en la atención. Una de sus propuestas incluye la implementación de un sistema de seguros de salud privado que permita a los ciudadanos elegir entre diferentes opciones y proveedores, en lugar de depender exclusivamente de la atención pública. Milei argumenta que un enfoque más privatizado permitiría una mejor asignación de recursos, ya que las instituciones tendrían incentivos para ofrecer servicios de calidad y adaptarse a las necesidades de los pacientes. Sin embargo, su postura ha generado preocupación entre quienes creen que un sistema basado en el mercado podría agravar las desigualdades en el acceso a la atención médica, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

La visión del justicialismo sobre el sistema de salud pública se centra en la importancia de garantizar el acceso universal a la atención médica como un derecho fundamental. Esta perspectiva se basa en principios de justicia social, equidad y el rol activo del Estado en la protección y promoción de la salud de la población. El justicialismo aboga por un sistema de salud que sea accesible para todos los ciudadanos, sin importar su situación socioeconómica. Se considera que la salud es un derecho humano básico y que el Estado debe asegurar que cada persona pueda recibir atención médica adecuada. La salud pública es vista como una de las principales responsabilidades del Estado, que debe destinar recursos y esfuerzos para promover la salud de la población, prevenir enfermedades y garantizar la atención médica. Se promueve la idea de un sistema de salud que integre tanto la atención primaria como la especializada, facilitando el acceso a servicios completos y de calidad para toda la población. La visión justicialista incluye un fuerte enfoque en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, entendiendo que la salud no solo depende de la atención médica, sino también de factores sociales, ambientales y económicos. El justicialismo defiende la financiación pública del sistema de salud, argumentando que la salud no debe ser un bien mercantilizado, sino que debe estar garantizada a través de un sistema solidario que asegure recursos suficientes para atender las necesidades de la población. Se busca que la atención en salud sea equitativa y de calidad, evitando la discriminación y las desigualdades en el acceso a los servicios, independientemente del lugar de residencia o la capacidad de pago. El justicialismo también enfatiza la importancia de formar y retener profesionales de la salud, asegurando que el sistema cuente con el personal capacitado necesario para brindar atención de calidad. En definitiva, la visión del justicialismo sobre el sistema de salud pública es que debe ser un derecho garantizado por el Estado, accesible para todos y enfocado en la prevención y promoción de la salud, con un fuerte componente de financiación pública y un compromiso con la equidad y la justicia social.

Educación pública

Javier Milei cuestiona la educación pública y gratuita, argumentando que el sistema estatal de educación es ineficiente y de baja calidad debido a la falta de competencia y a los incentivos erróneos en la administración pública. Desde su perspectiva, la educación debería regirse por las fuerzas del mercado, donde las instituciones compitan y los padres y estudiantes elijan según la calidad y los resultados, incentivando una mejora en la enseñanza. Milei propone un sistema de “vouchers educativos” que permitiría a las familias recibir una suma de dinero pública para aplicar en la institución de su elección, sea pública o privada. Cree que este esquema aumentaría la competencia y permitiría a las familias optar por las mejores opciones educativas, eliminando la injerencia estatal directa. Según Milei, esto también abriría espacio para innovaciones en el sector, reduciría el peso fiscal de la educación pública y mejoraría la calidad educativa. Su postura ha generado críticas entre quienes sostienen que un sistema de este tipo podría profundizar desigualdades, afectando a las familias de bajos ingresos y erosionando el acceso universal a una educación de calidad.

La visión del justicialismo sobre la educación pública se centra en el acceso universal, la calidad y la equidad. El justicialismo sostiene que la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado para todos los ciudadanos, sin distinción de clase social, raza o lugar de residencia. Se considera esencial para el desarrollo personal y social de los individuos. Se promueve un sistema de educación pública, gratuita y accesible, desde la educación inicial hasta la universidad, asegurando que todos tengan la oportunidad de recibir formación sin barreras económicas. Además de garantizar el acceso, el justicialismo aboga por la mejora continua de la calidad educativa, promoviendo una educación que no solo imparta conocimientos, sino que también fomente valores como la solidaridad, la responsabilidad y el respeto por los demás. La educación pública debe ser inclusiva, atendiendo las necesidades de todos los sectores de la sociedad, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Esto incluye la atención a la diversidad cultural y la promoción de la igualdad de género en el ámbito educativo. La educación no se limita a la enseñanza académica; también busca el desarrollo integral del individuo, fomentando habilidades socioemocionales, creativas y críticas que preparen a los estudiantes para participar activamente en la sociedad. Se considera que el Estado debe regular y supervisar el sistema educativo para garantizar su calidad, equidad y acceso, evitando la mercantilización de la educación y protegiendo el interés público.

El justicialismo también promueve la inversión en ciencia y tecnología en el ámbito educativo, reconociendo su importancia para el desarrollo del país y la formación de profesionales capacitados que contribuyan al progreso social y económico. Se valora la participación de la comunidad en el proceso educativo, fomentando la colaboración entre escuelas, familias y organizaciones sociales para crear un entorno educativo más enriquecedor. Para el justicialismo, la educación pública es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su acceso, calidad e inclusión para todos los ciudadanos.

 

Alineamiento internacional

Milei promueve un alineamiento prooccidental, buscando estrechar relaciones con Estados Unidos, Israel y países de Europa que comparten su visión liberal y capitalista. Javier Milei se ha expresado abiertamente a favor de fortalecer la relación con Estados Unidos, señalando que ve en ese país un modelo de economía dinámica y de libertades individuales. También ha manifestado su admiración por Israel, resaltando su capacidad para innovar y su modelo de defensa nacional, considerando que Argentina debería tomar ejemplos de ese país en seguridad y desarrollo tecnológico. Milei se muestra crítico respecto a alianzas con gobiernos de orientación socialista o de economías cerradas, como los de China y Rusia, sosteniendo que estas naciones representan modelos opuestos a su visión de libertad económica y política. En su enfoque, la integración y cooperación con economías de libre mercado sería la vía para que Argentina logre crecimiento y estabilidad, mientras que los lazos con regímenes autoritarios o economías centralizadas representarían una amenaza para la autonomía y la libertad económica. En línea con esta postura, su política exterior se orienta hacia una inserción global orientada al comercio, la inversión extranjera y la cooperación con naciones de corte capitalista. Esto incluye un enfoque en la reducción de aranceles y la eliminación de restricciones comerciales. Milei ha sido crítico con organizaciones como el Mercosur, argumentando que limitan la competitividad de Argentina. Se muestra a favor de salir de acuerdos que considere perjudiciales para la economía del país y de renegociar tratados comerciales. En su visión, se busca desregular no solo la economía interna, sino también las relaciones exteriores, promoviendo un enfoque que priorice la inversión y el comercio por encima de consideraciones políticas o ideológicas. Milei pone un fuerte énfasis en atraer inversión extranjera, considerando que esto es crucial para el desarrollo económico de Argentina. Su alineamiento internacional está dirigido a facilitar el ingreso de capitales y empresas extranjeras al país.

El justicialismo promueve un alineamiento que prioriza la soberanía nacional y la autodeterminación. Se busca establecer relaciones internacionales que respeten la independencia de Argentina y sus decisiones soberanas. Se enfatiza la importancia de la integración regional en América Latina. El justicialismo busca fortalecer la cooperación con otros países latinoamericanos a través de organizaciones como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el Mercosur, promoviendo un bloque regional que defienda intereses comunes. La doctrina justicialista aboga por la solidaridad entre naciones, apoyando movimientos sociales y políticos que busquen la justicia social y la equidad en el ámbito internacional. Se ha alineado históricamente con gobiernos de izquierda o progresistas en la región. Se promueve un enfoque multilateral en las relaciones internacionales, buscando establecer vínculos con diversas potencias y organismos internacionales, incluyendo a la ONU y otras instancias multilaterales, para abordar problemáticas globales. El justicialismo defiende la promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional, participando en foros y acuerdos que busquen su defensa y fortalecimiento en todo el mundo. El justicialismo busca un alineamiento internacional que enfatice la soberanía, la integración regional y la solidaridad.

Políticas de género

Milei ha sido crítico de muchas de las políticas de género implementadas por gobiernos anteriores, argumentando que pueden ser divisivas y que no abordan adecuadamente los problemas económicos y sociales. Si bien no se opone a la igualdad de género per se, Milei prefiere un enfoque que se centre en la igualdad de oportunidades, sin medidas específicas que promuevan la igualdad de género en términos de representación o cuotas. Para él, la meritocracia debería ser el principal criterio para el acceso a posiciones y oportunidades. Milei ha expresado su oposición a lo que llama "ideología de género", considerándola una amenaza a los valores tradicionales y a la familia. Esto incluye su oposición a ciertas políticas que, en su opinión, pueden desviar la atención de los problemas económicos. Su postura general es que el Estado no debe intervenir en cuestiones de género de la misma manera que se ha hecho en el pasado, argumentando que el mercado y la sociedad deben encontrar sus propias soluciones. Milei tiende a enfatizar los derechos individuales y la libertad personal en lugar de políticas específicas de género, sugiriendo que el progreso hacia la igualdad de género debe surgir naturalmente sin intervención estatal. Milei tiene una visión más crítica y liberal, favoreciendo la igualdad de oportunidades sin medidas específicas de intervención estatal en cuestiones de género. Su enfoque tiende a centrarse en los derechos individuales y la meritocracia.

El justicialismo ha mostrado un compromiso con la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Se han implementado políticas para mejorar la situación de las mujeres en diversas áreas, como la salud, la educación y el trabajo. Una de las iniciativas destacadas ha sido la implementación de leyes de cupo femenino, que buscan garantizar la representación equitativa de mujeres en cargos políticos y en la toma de decisiones. Esto se considera fundamental para avanzar en la igualdad de género en la política. El justicialismo ha promovido diversas leyes y políticas destinadas a combatir la violencia de género, así como programas de apoyo a víctimas. Se ha enfocado en crear conciencia sobre este problema y en garantizar la protección de los derechos de las mujeres. En general, el justicialismo apoya la ampliación de los derechos reproductivos de las mujeres, promoviendo el acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto incluye la discusión sobre el aborto, donde se han presentado proyectos para despenalizar y garantizar el acceso seguro. Se han implementado políticas que buscan fomentar la inclusión de mujeres en el mercado laboral, promoviendo la igualdad salarial y el acceso a empleos de calidad. Estas políticas están orientadas a reducir la brecha de género en el ámbito laboral. el justicialismo promueve activamente políticas de género que buscan avanzar en la igualdad, la representación y la protección de los derechos de las mujeres.

Rol del sector científico técnico

Milei asigna un rol más limitado al Estado en el sector científico-técnico, argumentando que el mercado debe ser el principal impulsor de la investigación y la innovación. Considera que la competencia y la libre iniciativa son claves para el desarrollo tecnológico. Ha sido crítico del gasto público en ciencia y tecnología, argumentando que debe ser más eficiente y estar alineado con intereses económicos claros. Propone que la inversión en investigación debe ser impulsada principalmente por el sector privado. Milei tiende a desconfiar del intervencionismo estatal en la ciencia, argumentando que esto puede llevar a la burocratización y a la ineficiencia. Prefiere un enfoque en el que los investigadores e innovadores operen con mayor libertad y menos regulaciones. Propone un enfoque que favorezca la privatización y la protección de patentes, considerando que esto incentivará la inversión en innovación y desarrollos tecnológicos. Para Milei, la solución a los problemas económicos y sociales debe venir de la iniciativa privada, incluida la inversión en tecnología y ciencia. Cree que las soluciones surgirán de la competencia y no de políticas públicas dirigidas.

El justicialismo promueve la importancia de la investigación y el desarrollo como motores del progreso económico y social. Se busca fomentar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología para mejorar la competitividad del país. Se valora la educación y formación de recursos humanos en áreas científicas y tecnológicas como un pilar fundamental para el desarrollo del país. Las políticas educativas se orientan a fortalecer las capacidades en estas áreas. El justicialismo tiende a favorecer la implementación de políticas públicas que se fundamenten en la evidencia científica. Esto implica colaborar con investigadores y académicos para abordar problemáticas sociales, económicas y ambientales. Se promueve la idea de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del bienestar social. Esto incluye el desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades de la población, como la salud, la educación y la producción sustentable. Hay un énfasis en el desarrollo de una base científica y tecnológica nacional que pueda competir en el contexto internacional. Se busca fortalecer las instituciones de investigación y las universidades.

 



[*] Ingeniero Forestal. Fue técnico en el Departamento de Investigaciones Forestales del ex Instituto Forestal Nacional y Director General de Recursos Forestales en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fue Gerente Forestal de la Corporación Forestal Neuquina. Se desempeñó en la Secretaría de Ambiente de la Nación desde su creación en 1992, habiendo ocupado los cargos de: Director de Recursos Forestales Nativos; Director Nacional de Desarrollo Sustentable y Director Nacional de Biodiversidad. Ocupó el cargo de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Fue docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad de Buenos Aires.  Fue editor responsable de La (Re) Verde. Ha dictado conferencias y talleres tanto en el país como en el extranjero.

[2] Dictadura cívico-militar (1976-1983): Bajo José Alfredo Martínez de Hoz, se promovieron la apertura económica, la desregulación financiera y la privatización, lo que favoreció a grandes capitales, pero generó vulnerabilidad para la mayoría de la población. La represión militar y las políticas neoliberales dejaron uno de los períodos más oscuros y desiguales de la historia reciente de Argentina. Carlos Menem (1989-1999): Con Domingo Cavallo como ministro de Economía, se privatizaron empresas estatales, se flexibilizaron leyes laborales y se implementó la convertibilidad monetaria (1 peso = 1 dólar). Aunque inicialmente trajo estabilidad, el endeudamiento y la desindustrialización desembocaron en la crisis del 2001. Fernando de la Rúa (1999-2001): Pese a prometer un cambio de rumbo, continuó con ajustes neoliberales que agravaron la crisis económica, política y social, culminando en su renuncia en 2001. Mauricio Macri (2015-2019): Macri impulsó la apertura económica, la reducción de subsidios y sobre el final de su mandato fue responsable de un colosal endeudamiento con el FMI. Estas políticas resultaron en recesión, inflación, pobreza y un nuevo colapso económico.

[3] Kuttner, R. (1997). Everything for Sale: The Virtues and Limits of Markets. Chicago: Chicago University Press.

[4] La Biblia de la libre competencia de Stuart Chase

[5] Magdoff, F. (2012). “Armonía y civilización ecológica”. En Monthly Review, junio. La traducción es de Carlos Valmaseda. Disponible en: http://www.mientrastanto.org/boletin-110/ensayo/armonia-y-civilizacion-ecologica

[6] https://carlosa-ecovida.blogspot.com/2010/02/lipietz-alain-la-ecologia-remedio-la.html

[7] Puche Vergara, F. (2008). “El crepúsculo del capitalismo”, documento electrónico: https://rebelion.org/el-crepusculo-del-capitalismo/

[8] Laszlo, E. (2010). You Can Change the World: The Global Citizen’s Handbook for Living on Planet Earth. New York: SelectBooks.

[9] Riechmann, J. (2013). “La crítica ecosocialista al capitalismo”, documento electrónico: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000300008

[10] Bresser-Pereira, L.C. (2014). La nueva teoría desarrollista: una síntesis. Editora 34, documento electrónico: https://www.elsevier.es/es-revista-economia-unam-115-articulo-la-nueva-teoria-desarrollista-una-S1665952X17300038

[11] Machado Araóz, H. (2015). Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-existencias decoloniales en nuestra América. Bajo el Volcán, 15(23), 11-51.

[12] Castoriadis, C. (2008). Ventana al caos, FCE Argentina, Buenos Aires, p. 92.

 


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SEGUNDO CUADERNO DE ECOLOGÍA POLÍTICA

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QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL CAMBIO CLIMÁTICO

En Argentina queda terminantemente prohibido el término cambio climático y otros más… Carlos Merenson Al calor de conocimientos aportados por diferentes disciplinas científicas como, entre otras, la ecología, la termodinámica y la economía ecológica, se viene desarrollando un lento pero indetenible proceso de ecologización del pensamiento al que Edward Morin describe como un cambio radical en la manera en que los seres humanos comprenden y se relacionan con el mundo natural, [1] basado en una comprensión profunda de la interconexión y la interdependencia de todos los seres vivos y los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Este proceso representa una transición desde una perspectiva reduccionista y fragmentada hacia una visión integradora y compleja. Una transición fundamental para identificar las causas y enfrentar las consecuencias de las globalizadas crisis ecosociales que hoy amenazan la supervivencia. Sin embargo, las élites del poder -principales benefic...